La propuesta de armonizar el impuesto sobre sociedades que Alemania llevó al Consejo Europeo del pasado viernes despierta recelos en buena parte de los Estados miembros. El tributo que grava los beneficios empresariales existe en todos los países de la UE, aunque cada uno aplica su propia normativa y mantiene tipos diferenciados. El gravamen general español asciende al 30%, el quinto más alto de la UE.
La internacionalización de la economía ha provocado una mayor competencia fiscal entre los países para atraer empresas. Así, en los últimos cinco años, el tipo medio del impuesto sobre sociedades se ha reducido cinco puntos hasta el 23,2% en la UE. Malta, Francia, Bélgica, Italia y España son los países con gravámenes más altos. Sin embargo, en el caso español, el gran número de deducciones fiscales provoca que el tipo efectivo que pagan las empresas sea del 18%, lejos del gravamen nominal del 30%.
Tanta disparidad normativa y tarifaria no gusta en Alemania. Armonizar este impuesto es una vieja idea que sobrevuela desde hace años en la Comisión Europea y que ha sido objeto de sesudos estudios, aunque con escasos avances políticos. De hecho, la mínima armonización que existe en el impuesto sobre sociedades se ha originado en los tribunales comunitarios más que en los foros políticos.
Alemania, tras comprobar la dificultad de fijar unos tipos homogéneos, reclama establecer normas comunes para determinar la base imponible. Pretende que los Estados miembros apliquen una misma legislación en operaciones como las reestructuraciones transfronterizas, las ventas intragrupo o la tributación de los dividendos que proceden del exterior. Sin embargo, todo mínimo acuerdo en materia de fiscalidad en el ámbito de la UE cuesta un mundo. Los Estados han perdido toda influencia en la política monetaria y se muestran reacios a perder cuota de poder en el área fiscal.