El pasado viernes 9 de marzo se aprobaba el Real Decreto-ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
En dicho Real Decreto-ley se establecen diversos mecanismos conducentes a permitir la restructuración de la deuda hipotecaria de quienes tienen graves dificultades para atender a su pago. La mayoría de las medidas serán de aplicación para los que se encuentran en el llamado umbral de exclusión.
El modelo de protección gira en torno a un Código de buenas prácticas, al que voluntariamente podrán adherirse las entidades de crédito. Este Código incluye tres fases de actuación:
– La primera, dirigida a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria, a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cuatros años y la ampliación del plazo total de amortización .
– En segundo lugar, de no resultar suficiente la reestructuración anterior, las entidades podrán, en su caso, y con carácter potestativo, ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda.
– En tercer lugar, si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, estos podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio . En este último supuesto, las familias podrán permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.
Asimismo, se moderan los tipos de interés moratorios aplicables a los contratos de crédito o préstamo hipotecario. Esta reducción pretende disminuir la carga financiera generada en casos de incumplimiento por impago de los deudores protegidos.